¿Deben usarse fondos públicos para escuelas privadas? Solamente con la debida supervisión, dicen los Influyentes

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firma una ley de educación en la William A. Kirlew Junior Academy, una escuela de los Adventistas del Séptimo Día a en Miami Gardens, el jueves 9 de mayo de 2019. DAVID SANTIAGO DSANTIAGO@MIAMIHERALD.COM

Reunidos en una escuela religiosa de Miami Gardens, padres, líderes religiosos, legisladores y numerosos escolares gritaron de entusiasmo.

“¡Lo logramos!”, dijo el gobernador Ron DeSantis, mientras firmaba el proyecto de ley del Senado 7070, una iniciativa de educación de gran alcance que establece un nuevo cupón de fondos públicos para escuelas privadas, una meta de los republicanos desde la era de Jeb Bush.

El programa da prioridad a los cupones escolares para estudiantes de familias de bajos ingresos usando fondos para escuelas públicas, y da acceso a los cupones a núcleos familiares que ganen un máximo de $77,000 anuales, equivalente a 300 por ciento el nivel federal de pobreza, y crea un máximo de 18,000 cupones, por un valor de unos $130 millones.

En una nueva encuesta a los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 líderes destacados de todo el estado, la respuesta al nuevo programa estatal no fue definitiva: 41 por ciento expresó apoyo al programa y 43 por ciento no. El 16 por ciento restante dijo que no estaba seguro.

Los Influyentes que apoyan el programa dicen que dar opciones a los padres es importante, especialmente los que viven en condados donde la educación pública no es la mejor.

“Vincular los niños con escuelas según el código postal es algo atrasado”, dijo Will Weatherford, ex presidente de la Cámara de Representantes estatal y ahora socio gerente de Weatherford Capital.

Algunos de los que apoyan el programa dijeron que la rendición de cuentas es importante para implementarlo. Dos proyectos de ley similares dirigidos a abordar algunos de estos problemas, los dos patrocinados por republicanos, no avanzaron este período de sesiones.

El proyecto de ley del Senado 1444, patrocinado por el senador miamense Manny Díaz Jr., contemplaba crear una “lista de descalificación” de personas que no pueden trabajar en las escuelas, públicas, privadas y las llamadas escuelas charter. El objetivo que los maestros sustitutos que no hacen un buen trabajo o se comportan indebidamente con los estudiantes puedan irse a una escuela charter o privada cercana tras ser despedidos por un distrito escolar público.

Ana López Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Baptist Health South Florida, dio que la rendición de cuentas y la medición de los resultados será “clave”.

Por su parte, Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami, concordó.

“Mientras las escuelas que reciban fondos estatales cumplan normas de acreditación y otras para asegurar la calidad, las opciones son algo positivo”, afirmó Frenk.

Sobre el tema de la rendición de cuentas, DeSantis dijo que si los programas no hubieran tenido éxito, no habría una lista de espera para inscribirse en escuelas privadas o charter con becas.

“La mejor forma de juzgar el éxito es saber que los padres votan según sus intereses”, afirmó. “No habrían recibido tan buenos testimonios si no hubieran resultado positivos”.

Los Influyentes que no apoyan el programa dicen que la raíz del problema está en usar dinero del contribuyente para financiar instituciones privadas.

“No solamente va contra la Constitución de la Florida sino contra lo que los floridanos han exigido”, dijo Kerry-Ann Royes, presidenta de YWCA Miami. “Esto afecta a la ya escasa de fondos educación pública en nuestro estado”.

Según un nuevo análisis de la Florida Education Association (FEA), el uso ampliado de cupones desviará $131 millones de las escuelas públicas en el curso escolar 2019-2020, que suma a una pérdida de más de $986 millones en los próximos cinco años. Las Escuelas Públicas de Miami-Dade, uno de los mayores distritos escolares del país y el mayor del estado, pudiera perder $235.9 millones a lo largo de cinco años. La Florida ya desvía más fondos públicos a escuelas privadas y religiosas que cualquier otro estado del país, según la FEA.

Xavier Cortada, profesor de la Universidad de Miami, dijo que piensa que el nuevo programa es un reflejo de “todo lo que anda mal en la sociedad”.

“El modelo de sacar los ingresos de los impuestos de la educación pública y entregarlos a privados se basa más en la necesidad de alimentar la avaricia privada que en hacer el bien público”, dijo.

Los que dijeron que no estaban seguros de si apoyaban o no el programa batallaron con la idea de cómo los legisladores van a equilibrar la oferta de opciones y a la vez financiar debidamente la educación pública.

“Ampliar las opciones escolares de calidad puede verse como un paso en la dirección correcta, pero tenemos que supervisar de cerca los resultados académicos de los alumnos que se beneficien de este programa para asegurar las metas educativas a largo plazo en nuestro estado”, dijo Lenore Rodicio, vicepresidenta y rectora del Miami Dade College.

Martha Saunders, presidenta de la Universidad de West Florida, dijo que el programa parece un “empeño noble” pero deja sin respuesta interrogantes sobre medidas de rendición de cuentas y servicios de apoyo adicionales como el transporte y los servicios extracurriculares.

“Como siempre, la clave está en los detalles”, dijo.